Diputados solicitan Comisión Especial Bicameral para la Reforma de la Ley No.87-01 del Sistema de Seguridad Social.

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El legislador Agustín Burgos representante de la provincia La Vega, solicito al presidente de la cámara baja la creación de una comisión especial que estudie la reforma de la ley del sistema de seguridad social.

El Dr. Burgos afirmó: “que el estado debe velar para asegurar el acceso universal y protección en enfermedades, discapacidades a los envejecientes” sostiene que la actual pieza legislativa tiene más de 16 años que fue aprobada y la sociedad dominicana pide a gritos que está debe ser revisada y actualizada.

Los profesionales de la salud de la bancada perremeista, dicen que se debe considerar el informe de la SISALRIL en junio de éste 2018, donde manifestó que la República Dominicana es el país de América Latina con los precios de los medicamentos más altos, por lo que demuestra una problemática que ha de ser combatida por el estado con la reformulación y ejecución de una ley de seguridad social en beneficio de la sociedad.

Actualmente  la seguridad social en el área de salud, está integrada por tres regímenes, el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, en donde este último no ha entrado en vigencia, dejando fuera del sistema a más de tres millones de trabajadores independientes y autónomos y sus familiares; el retraso a la puesta en marcha de la atención primaria y del primer nivel de atención establecido en el Art. 152 como la puerta de entrada a la red de servicios, impide establecer una verdadera protección y promoción de la salud, dejando atrás un modelo curativo costoso e ineficiente en muchos aspectos en beneficio de los afiliados, trabajadores independientes y pensionados.

Concluyeron que es necesario la creación de una comisión bicameral que fiscalice la ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social ya que al no ser aplicada impide que se contribuya, en forma efectiva, al mejoramiento de la calidad de vida, a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales; a la protección de los desamparados y discapacitados, así como a elevar la capacidad de ahorro nacional e individual y a la sostenibilidad del desarrollo económico.