Jueces exigen respeto a sus decisiones

Maseta

Magistradas exigen respeto a sus decisiones y cuestionan el manejo mediático que se le dio al caso desde la PGR

La juez presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, y la jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio, defendieron el procedimiento a través del cual se otorgaron permisos a 57 reclusos para pasar el fin de año en sus casas.

Además, las magistradas exigieron al Ministerio Público que respete la autonomía judicial e hicieron duras críticas a la forma como se están administrando los penales del país.

A través de una comunicación dirigida al director general de administración de la Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, la jueza presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, María G. Garabito Ramírez, remitió el informe de los permisos otorgados por la magistrada Katherine Rubio.

La jueza cuestiona “una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República”, a la cual tilda de “exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia”.

Garabito Ramírez explicó que “más que una noticia parece un plan para hacer saltar a la juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”.

Reiteró que no es la primera vez que se otorgan este tipo de permisos y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo. “La juez duró aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República, los expedientes de los internos”, aclaró.

La titular de la Corte de San Cristóbal también expresó que ha observado “el protagonismo con el que el MP quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según la ley”.